COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 947 DE 2023
Referencia: Expediente CJU-2959
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá D. C. veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho acción de lesividad. La demandante solicitó la declaratoria de nulidad de la Resolución GNR 177338 del 17 de junio de 2015, mediante la cual, esa entidad reconoció la pensión de invalidez al señor Buenaventura Arroyo Sierra. Indicó que se demostró que el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral fue adulterado por lo que el demandado no cumple con los requisitos para ser beneficiario de la prestación.
2. Asimismo, requirió: (i) que se ordene al señor Buenaventura Arroyo Sierra reintegrar a favor de Colpensiones la suma de $133.054.789; (ii) la indexación de las sumas reconocidas en la demanda e intereses; y, (iii) se condene en costas al demandado.[1]
3. El 16 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la falta de jurisdicción y dispuso la remisión del expediente a los jueces laborales del circuito judicial de Valledupar. Indicó que el Consejo de Estado[2] concluyó que la competencia de la jurisdicción se determina por la condición o vínculo laboral del trabajador. Adujo que el demandado ostenta la calidad de trabajador particular por lo que la demanda debe ser conocida por la Jurisdicción Ordinaria Laboral de conformidad con la Ley 2158 de 1948 (CPTSS). [3]
4. El 29 de noviembre de 2021, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar inadmitió la demanda para que la misma fuera subsanada.[4] La demandante presentó recurso de reposición en contra del referido auto y planteó que el conocimiento de lo del asunto corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.[5]
5. El 1º de septiembre de 2022, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar repuso la providencia del 29 de noviembre de 2021 y, en su lugar, propuso conflicto negativo entre jurisdicciones y ordenó la remisión del expediente a esta Corporación. Señaló que la Corte Constitucional en Auto 316 de 2021,[6] dirimió un conflicto de competencia de un caso análogo en el que plasmó lo siguiente: ( ) cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, el estudio del asunto será competencia de la Jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011. Por lo anterior, concluyó que son los jueces de lo contencioso administrativo los competentes para conocer la demanda de la referencia.[7]
6. El 3 de octubre de 2022, el expediente fue remitido a esta Corporación.[8]
7. En sesión virtual del 2 de mayo de 2023, el asunto fue repartido a la Magistrada ponente. El día 5 siguiente, el expediente digital respectivo fue enviado al despacho sustanciador a través del Sistema de Información Integrado de la Corte Constitucional, SIICOR.[9]
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
8. La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.
2. En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la Corte Constitucional debe resolver
9. Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones:[10] (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;[11] (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional;[12] y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.[13]
10. La Sala constata que en el presente caso se cumplen tales presupuestos, puesto que (i) el conflicto se suscita entre dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, en esta oportunidad, de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de la Jurisdicción Ordinaria (presupuesto subjetivo); (ii) el conflicto versa sobre el conocimiento de la demanda formulada por Colpensiones contra un acto administrativo propio (presupuesto objetivo); y (iii) ambas autoridades jurisdiccionales enunciaron razonablemente fundamentos de índole constitucional y legal en los que soportan cada una de sus posiciones dirigidas a negar su competencia. Específicamente, el Tribunal Administrativo del Cesar se refirió a la jurisprudencia del Consejo de Estado y al CPTSS. Por su parte, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar fundó su posición en el Auto 316 de 2021, proferido por esta Corporación (presupuesto normativo).
3. La competencia para conocer de la demanda de Colpensiones es de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
11. La Sala Plena ha establecido que cuando una entidad pública demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, un acto administrativo propio tras no obtener la autorización del titular para revocarlo directamente, el asunto es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Esto, incluso si el acto versa sobre derechos pensionales.[14] La Corte ha llegado a esta conclusión con base en los artículos 97 y 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.[15] Según el primero de ellos, si el titular no autoriza a la administración de manera previa, expresa y escrita para revocar directamente un acto administrativo de carácter particular que lo afecta, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.[16] A su vez, según el artículo 104 del mismo Código, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resuelve los conflictos jurídicos relacionados con actos ( ) sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas ( ). De ese modo, la competencia de los jueces de lo contencioso administrativo cubre actos administrativos relativos a derechos pensionales, en la medida que la habilitación para que la administración demande un acto propio tiene como objetivo, entre otros, proteger el interés y el patrimonio público.[17]
12. Así las cosas, en la medida que en el presente caso Colpensiones demandó un acto administrativo propio que versa sobre derechos pensionales, el asunto es de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, esta Corporación resolverá el conflicto en el sentido de declarar que corresponde al Tribunal Administrativo del Cesar conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Colpensiones en contra del señor Buenaventura Arroyo Sierra. La Sala ordenará remitirle el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.
4. Regla de decisión: La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de una demanda de una entidad pública contra un acto administrativo propio, presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar y DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Cesar es la autoridad competente para conocer la demanda presentada por Colpensiones en contra del señor Buenaventura Arroyo Sierra.
Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-2959 al Tribunal Administrativo del Cesar para que proceda con lo que le compete y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Documento digital 02DemandaCC_18934493_Buenaventura_Arroyo OK.pdf.
[2] Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Rad. No. 11001-03-25-000-2017-00910-00 (4857). C.P. William Hernández Gómez.
[3] Documento digital 05 RemitirJurisdicción ORDINARIA LABORAL (COLPENSIONES).pdf.
[4] Documento digital 08 InadmisiónDeLaDemanda.pdf.
[5] Documento digital 10 RecursoDeReposición.pdf.
[6] Corte Constitucional. MP.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[7] Documento digital 13 AutoResuelveRecurso.pdf.
[8] Documento digital 02CJU-2959 Correo Remisorio.pdf.
[9] Documento digital 03CJU-2959 Constancia de Reparto.pdf.
[10] Auto 155 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[11] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales.
[12] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la Constitución).
[13] Así pues, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.
[14] Esta postura de la Corte fue establecida por primera vez en el Auto 316 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. SV. Diana Fajardo Rivera. Tal posición ha sido reiterada, entre muchos otros, en los autos 377 de 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; 382. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; 384. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; 385 de 2021. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 391 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 393 de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 394 de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 396 de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 397 de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 399 de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 400 de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 402 de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 410 de 2021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 411 de 2021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 412 de 2021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 431 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 432 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 434 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger y 437 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Esta es la hipótesis que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha descrito con el concepto de acción de lesividad, que se refiere al escenario en el que la administración demanda un acto propio con el objetivo de defender los intereses de la Nación y proteger los recursos públicos, entre otros fines.
[15] Ley 1437 de 2011.
[16] Ley 1437 de 2011, artículo 97.
[17] La Corte Constitucional ha sostenido que donde se evidencia el ejercicio de la denominada acción de lesividad, prevalece la competencia de la jurisdicción especial sobre la ordinaria y por tanto, la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativa. Auto 316 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. SV. Diana Fajardo Rivera.